Dicha propuesta pretende modernizar el marco jurídico mexicano para permitir desarrollar una educación de mayor calidad y equidad, en donde el Estado recupere su papel fundamental en la rectoría sobre la política educativa nacional.
El contenido de la iniciativa se concentra en dos ejes principales:
- Establecer las bases para la creación de un Servicio Profesional Docente, que defina los criterios de acceso, promoción y permanencia de los profesores, garantizando con ello la calidad de la educación.
- Modernizar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con el fin de convertirlo en un órgano constitucional autónomo y dotarle así de atribuciones que le permitan evaluar los resultados del Sistema Educativo Nacional en su conjunto (docentes, alumnos, personal administrativo, equipo y procesos).