La Reforma Energética es una oportunidad histórica con la que México podrá aprovechar sus recursos energéticos de forma racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y beneficio social.

 

 

 

 

 

 

 

Con el aprovechamiento eficiente de nuestros recursos naturales será posible detonar el potencial del sector energético para generar mayor bienestar para la población. Este objetivo se logrará a través del aumento de la producción de energía más limpia  y de menor costo, el incremento de la renta petrolera, la generación de empleos bien remunerados y la protección del medio ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

La Reforma Energética tiene como finalidad atraer inversiones y modernizar el sector energético a fin de impulsar:

 

 

 

 

 

 

 

• El apoyo a la economía familiar mediante la disminución del precio de la luz, del gas y de los alimentos, así como con la creación de empleos formales de calidad y bien remunerados y un mejor servicio en el abastecimiento de combustibles.

 

 

 

 

 

 

 

• El desarrollo social, al destinar la renta petrolera a apuntalar el gasto social, el ahorro de largo plazo y a programas de becas, a la Pensión Universal y a proyectos productivos y de desarrollo tecnológico, así como a establecer mecanismos para que los beneficios de la actividad energética lleguen a las comunidades y propicien el desarrollo regional.

 

 

 

 

 

 

 

• El cuidado al medio ambiente, la protección de los trabajadores y el bienestar de la población, al fomentar la generación de energía a partir de fuentes renovables y tecnologías limpias, al regular la seguridad del sector hidrocarburos y al hacer a las empresas corresponsables del bienestar de las comunidades.

 

 

 

 

 

 

 

• El aumento de la transparencia en el sector energético, para que los mexicanos conozcan a detalle los ingresos que se obtienen por la extracción de petróleo y gas natural, y así puedan verificar que se destinen para mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo nacional.

 

 

 

 

 

 

 

• La competitividad del país, haciendo posible que las pequeñas y medianas empresas mexicanas gasten menos en energía, y que Pemex y la CFE utilicen sus recursos para modernizarse y asimilar tecnología de vanguardia.

 

 

 

 

 

 

 

• La capacidad productiva e industrial de México, al aumentar la disponibilidad de insumos energéticos de menor costo producidos en territorio nacional. Asimismo, se fortalecerán nuestras exportaciones de energía y se reducirá nuestra creciente dependencia de energéticos importados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Reforma Energética el país transitará hacia un modelo energético dinámico, basado en los principios de competencia, apertura, transparencia, sustentabilidad y responsabilidad fiscal de largo plazo. Así tendremos un México más competitivo y próspero que sentará las bases para una nueva etapa de desarrollo y bienestar en beneficio de las familias mexicanas.

 

 

 

 

 

 

 

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Las telecomunicaciones nos permiten comunicarnos a distancia, a través de múltiples servicios, mediante los cuales emitimos y recibimos signos, señales, escritos, imágenes, sonidos y cualquier tipo de datos, utilizando como canales de transmisión el cable, la fibra óptica, el espectro radioeléctrico (el espacio por el que se transmiten las señales inalámbricas), entre otros.

 

 

 

Comúnmente estos servicios los conocemos como telefonía, mensajes de texto, Internet, televisión restringida, radiocomunicación, entre otros; y son proporcionados por personas físicas o morales, a las que el gobierno les otorgó una concesión o una autorización para tal fin.

 

 

 

Las telecomunicaciones tienen el poder de impactar en el proceso de desarrollo económico y social de los países, ya que son un elemento fundamental para fortalecer el crecimiento y la productividad; además, son pieza esencial en el desarrollo de la democracia y en el acceso a la cultura, la educación, la salud, y en general el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por su importancia, todos los países están realizando esfuerzos para ampliar su infraestructura de telecomunicaciones e incrementar los niveles de cobertura y penetración de tales servicios.

 

 

 

No obstante sus impactos positivos, los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión en México han tenido una elevada concentración, lo que ha afectado a los usuarios y a la economía en su conjunto, traduciéndose en servicios de baja cobertura, mala calidad y precios elevados, lo cual, a su vez, ha limitado el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y cultural del país.

 

 

 

Ante tal situación, se tomó la decisión de impulsar un cambio estructural que aumente sustantivamente la competencia en estos sectores, elevando con ellos, el bienestar de los mexicanos y el potencial económico del país. Este cambio se concretó por medio de la reforma de telecomunicaciones, que consta de seis ejes principales:

 

 

 

 

 

 

 

I. Ampliación de los derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Se reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluidos la banda ancha y el Internet. La reforma enfatiza que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

 

 

 

II. Actualización del marco legal de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Para fortalecer la certidumbre legal, se promulgó una ley convergente que norma el uso del espectro radioeléctrico, de las redes y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, establece un régimen de concesión única para la prestación de dichos servicios, e instrumenta medidas de regulación asimétrica a las que han de sujetarse los agentes económicos preponderantes en estos sectores.

 

 

 

III. Fortalecimiento del marco institucional. Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como un órgano constitucional autónomo, encargado de la regulación, promoción y supervisión del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de fungir como autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores. También se han puesto en operación tribunales especializados en la materia, para dar certeza a la inversión.

 

 

 

IV. Promoción de la competencia. La reforma está a favor de los usuarios y en contra de los monopolios. Por lo tanto, se fomenta la competencia efectiva, al brindar al IFT herramientas para reducir los niveles de concentración. Se permite la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, hasta en 100 por ciento, así como hasta en un 49 por ciento en radiodifusión. Las radiodifusoras tienen la obligación de permitir la retransmisión gratuita y no discriminatoria de sus señales a las empresas de televisión restringida, y a su vez, tienen derecho a que sus señales sean retransmitidas de manera gratuita y no discriminatoria por las empresas de televisión restringida.

 

 

 

 

 

V. Establecimiento de una Política de Inclusión Digital Universal y una Estrategia Digital Nacional. El Ejecutivo Federal tiene a su cargo esta política, que contempla infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales. Se busca que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con Internet de alta velocidad y a precios competitivos internacionalmente.

 

 

 

 

 

VI. Impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Se ampliará y fortalecerá la red troncal de fibra óptica, aprovechando la red de la Comisión Federal de Electricidad, y se desplegará una red compartida móvil mayorista, utilizando la banda de 700 MegaHertx (MHz), que podrá utilizar la red troncal, a fin de contar con una mayor cobertura de servicios móviles, a menores precios, en beneficio de más población.

 

 

 

 

 

 

 

Con la reforma de telecomunicaciones se busca eliminar prácticas monopólicas y anticompetitivas que han generado ganancias extraordinarias a los agentes preponderantes en detrimento del bienestar de los mexicanos y el desarrollo del país. Con más competencia, el sector de telecomunicaciones de México tendrá mayores niveles de cobertura y mayor penetración, servicios de mejor calidad y a precios asequibles, en particular para las zonas y los sectores de la población históricamente menos favorecidos.

 

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El desarrollo económico, la productividad y la competitividad del país se han visto frenados por la existencia de restricciones a la libre concurrencia y distorsiones a la competencia económica, así como por la ausencia de medidas que prevengan monopolios y conductas anticompetitivas, consistentes en prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y barreras que disminuyen, dañan, impiden o condicionan de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica. Lo anterior, se refleja en el Reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013 – 2014, mismo que al evaluar la “Efectividad de la Política de Competencia Económica”, ubica a México en el lugar 114 de 148 países.

 

En este sentido, las conductas anticompetitivas y las concentraciones indebidas provocan un incremento excesivo de precios, reduciendo con ello el consumo y la capacidad de ahorro de las familias, especialmente de las más vulnerables. Además, al obstruir la participación de más y mejores empresas en cada mercado, se inhibe la innovación.

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los consumidores mexicanos pagan un sobreprecio de alrededor de 40 por ciento en aquellos mercados en donde la competencia es baja o no existe. En el caso de la población de menores ingresos, el impacto es mayor, ya que este segmento gasta el 42 por ciento de su ingreso en sectores con falta de competencia.

 

Para enfrentar estos obstáculos, el Ejecutivo Federal propuso una nueva Ley Federal de Competencia Económica que implementa un nuevo sistema de competencia económica en el país, con la que se busca generar un mercado interno no solamente con mayor competencia, sino más robusto, competitivo y dinámico, con procesos económicos más eficientes, mejor tecnología, más infraestructura e insumos más baratos, de manera que las personas y empresas puedan aprovechar mejor sus recursos para generar riqueza y ser más productivas. En un marco de una sana competencia, también se incentivará la participación de más agentes económicos, así como la inversión nacional y extranjera.

 

La Reforma en materia de Competencia Económica resultará en un entorno competitivo más abierto y más justo que permita incrementar el bienestar de los mexicanos, así como generar mayor innovación y crecimiento económico en todos los sectores de la economía. Con la reforma, las personas y las empresas podrán llevar a cabo sus actividades comerciales, productivas o de prestación de servicios en mercados más justos, competitivos, transparentes y eficientes, lo que se traducirá en una mayor oferta de productos y servicios a precios más bajos.

 

En la reforma se establecen tres ejes estratégicos:

 

  1. Un nuevo diseño institucional que permite una aplicación más eficiente y eficaz de la política pública de competencia económica:
    • Crea la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como un órgano del Estado mexicano, con las atribuciones necesarias para el cumplimiento de su objeto, y estableciendo mecanismos que garantizan la actuación independiente, profesional, técnica e imparcial de sus funcionarios
    • Establece un esquema de división de funciones que garantiza el funcionamiento de pesos y contrapesos, fundamental en todas las democracias modernas
    • Clarifica las áreas de responsabilidad entre la COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
    • Genera mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas
    • Crea una autoridad responsable de la investigación dotada de autonomía técnica y de gestión
    • Asigna una Contraloría Interna que vigile el desempeño de los funcionarios de la COFECE
  2. Ampliación del catálogo de posibles conductas anticompetitivas que se llevan a cabo en los mercados y que deben de inhibirse, y en su caso, sancionarse
    • Aplicable a todos los agentes económicos que participan en nuestra económica, con las únicas excepciones que prevé la Constitución
    • Define las conductas anticompetitivas y prohíbe los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre concurrencia y la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios
    • Retoma los conceptos de la ley anterior que probaron su eficacia respecto de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, determinación de mercado relevante, poder sustancial y concentraciones
    • Incluye dos nuevos tipos de prácticas monopólicas relativas que sancionan uso abusivo de un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos con poder sustancial de mercado.
  3. Un instrumento con mejor técnica legislativa que permite su correcta implementación y aplicación
    • Otorga mayor claridad, predictibilidad, certeza, justicia, transparencia y eficiencia en su aplicación
    • Define con precisión los procedimientos a seguir para la aplicación sustantiva de la ley, salvaguardando el debido proceso y los derechos de todos los agentes económicos
    • Fortalece las capacidades sancionatorias de la COFECE al permitirle desincorporar activos en la proporción necesaria, como último recurso ante una práctica anticompetitiva

 

Con la nueva Ley Federal de Competencia Económica, todas las empresas, y de manera sobresaliente los pequeños emprendedores y medianos empresarios, podrán incursionar en los mercados para ofrecer soluciones innovadoras y precios más competitivos, creando empleos y mejorando así el poder adquisitivo de los mexicanos. En un nuevo México más competitivo, el talento y la innovación hacen la diferencia.

 

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La Reforma Financiera representa una oportunidad para que el sector financiero contribuya en mayor medida al crecimiento económico del país y otorgue más crédito a las empresas y familias mexicanas. Si bien es cierto que México cuenta con uno de los sistemas financieros y bancarios más sólidos a nivel mundial, también es uno de los que menos prestan, al registrar un nivel de penetración del crédito al sector privado, como porcentaje del PIB, de tan sólo el 28%, cifra por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 157%.

 

Igualmente, esta reforma fomentará que el desarrollo del sistema financiero mexicano se centre en:

 

  • Lograr que más personas accedan a los productos y servicios financieros.
  • Reducir el costo del crédito.
  • Fortalecer la educación financiera y la protección a los usuarios de los servicios financieros.
  • Mantener un sector financiero sólido.
  • Hacer más eficaces a las instituciones financieras, así como el actuar de las autoridades.

 

La Reforma Financiera se sustenta en cuatro pilares estratégicos:

 

  1. Fomentar a la competencia en el sector financiero.- Comprende medidas que impulsan una mayor competencia y transparencia en todo el sistema financiero al inhibir prácticas anticompetitivas, como las ventas atadas, y otorgar más opciones a los usuarios de los servicios financieros, lo que propiciará la expansión de la oferta crediticia a mejores precios.
  2. Impulsar al crédito a través de la Banca de Desarrollo.- Con la Reforma Financiera se fortaleció el mandato de la Banca de Desarrollo, estableciendo como prioridad brindar acceso al crédito y otorgar asistencia técnica y capacitación para impulsar el desarrollo económico. Lo anterior con especial énfasis en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como son: desarrollo de infraestructura, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo, así como innovación y creación de patentes, y en general todas aquellos sectores no atendidos por la banca privada, fomentando la sustentabilidad ambiental, la perspectiva de género, la inclusión financiera de niños y jóvenes, y pudiendo realizar funciones de banca social.
  3. Ampliar el crédito en las instituciones privadas.- La Reforma Financiera contempla diversas acciones para acelerar e impulsar el crecimiento del crédito tales como: el fortalecimiento del régimen de otorgamiento y ejecución de garantías y concursos mercantiles a efecto de brindar mayor seguridad jurídica a los otorgantes de crédito; y la evaluación periódica del desempeño de las instituciones de banca múltiple en relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen.
  4. Mantener un sistema financiero sólido y prudente.- Se fortalecen las medidas prudenciales del sistema financiero, incluyendo mejores mecanismos de coordinación entre las autoridades en materia de estabilidad. Asimismo, se establece un esquema específico para el tratamiento de instituciones bancarias insolventes.

 

Adicionalmente, la reforma integra diversas medidas para lograr mayor eficacia en la operación de las entidades que integran el sistema financiero a través de la actualización de la legislación que regula la operación de los fondos de inversión, el mercado de valores y las agrupaciones financieras. Asimismo, incorpora mejoras en los esquemas que permiten a las autoridades operar eficazmente, como el régimen de sanciones y la creación de órganos de coordinación entre las mismas.

 

Con la Reforma Financiera se establece un marco jurídico que promueve la competencia, la estabilidad y el sano desarrollo del sector, lo que multiplicará y mejorará las opciones de crédito para los mexicanos.

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El Estado mexicano ha tenido una capacidad limitada para atender las necesidades prioritarias de la población, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso e invertir en rubros estratégicos que detonen un mayor crecimiento económico. El país tampoco cuenta con una red de seguridad social que garantice efectivamente un piso de bienestar a todos los mexicanos.

 

Esta situación se ha debido, en buena medida, a un sistema tributario inequitativo que generaba un nivel reducido de ingresos públicos. La recaudación se ha ubicado en niveles cercanos al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los países de América Latina recaudan 16 por ciento del PIB, es decir, 60 por ciento más que México. Derivado de esta escasa recaudación, el gasto público como porcentaje del PIB es de apenas el 19 por ciento, mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, 27 por ciento. Por otro lado, la informalidad ha limitado el potencial de las empresas y trabajadores mexicanos, ya que obstaculiza su acceso al crédito, a la cobertura de seguridad social, a la capacitación y a la tecnología.

 

La Reforma Hacendaria, promulgada por el Ejecutivo Federal, busca resolver estos problemas a través de los siguientes objetivos estratégicos:

 

Aumentar la recaudación y que el cobro de impuestos sea justo. La reforma busca reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos al eliminar privilegios y establecer que paguen más impuestos los que tienen ingresos más altos, y protegiendo a los que menos tienen.

 

Incrementar de manera responsable y justa el gasto público. Los recursos recaudados atenderán necesidades prioritarias de la población en áreas como educación, salud, seguridad social e infraestructura.

 

Reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de mecanismos de formalización accesibles para todos y de nuevas reglas e incentivos, y sanciones para los que evadan su obligación.

 

• Incluir mecanismos de control para transparentar y hacer más eficiente el gasto público, y promover la rendición de cuentas.

 

Impulsar la economía, a través de estimular la inversión y el empleo. Como complemento de la Reforma, se está llevando a cabo una política de impulso al crecimiento económico, a través del uso contracíclico del gasto público.

 

• Crear impuestos con responsabilidad social para proteger la salud de la población y el medio ambiente.

 

Simplificar el pago de impuestos, con la eliminación de gravámenes y el uso de nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento fiscal.

 

Con todas estas acciones, la Reforma Hacendaria representa un paso decisivo para tener un nuevo México más justo.

 

Con la Reforma Hacendaria todos haremos más por el país, y México hará más por todos los mexicanos.

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Esta reforma obedece a la necesidad de avanzar en la construcción de un marco que permita incrementar la oferta laboral, alentar la productividad de las empresas, y elevar la competitividad del país. La reforma refleja el trabajo responsable en el proceso de diálogo y negociación del Congreso de la Unión, de los líderes sindicales y los empresarios.

 

La Reforma Laboral plantea cinco objetivos:

 

1. Favorecer el acceso al mercado  laboral y la creación de empleos:

 

  • Se incorpora el concepto de trabajo digno o decente.
  • Se incluyen nuevas modalidades de contratación individual: periodos de prueba, contratos de capacitación inicial y trabajo de temporada.
  • Se modifica el cálculo de la generación de salarios vencidos.
  • Se privilegia la productividad como el principal criterio para acceder a puestos vacantes y de nueva creación.

 

2. Fortalecer la transparencia y  democracia sindical:

 

  • Se establece el voto libre y secreto en las elecciones de las directivas sindicales así como el derecho del trabajador a exigirles información y rendición de cuentas sobre el patrimonio sindical.
  • Se considera como información pública la relacionada con registros sindicales y contratos colectivos de trabajo.
  • Se suprime la llamada “cláusula de exclusión por separación”, para evitar que los trabajadores sean despedidos por el hecho de renunciar a su sindicato o por ser expulsados del mismo.

 

3. Otorgar mayores facultades de vigilancia a las autoridades del trabajo:

 

  • Se tipifica como delito la contratación de menores que no estén en edad permitida para trabajar fuera del círculo familiar.
  • Se faculta a la autoridad para la restricción de acceso o limitación en la operación en las áreas cuando exista peligro inminente para la salud y la vida de los trabajadores.
  • Se incorporan derechos y obligaciones de patrones y  trabajadores, ante contingencias sanitarias.
  • Se incrementan los montos de las sanciones por violaciones a la normatividad laboral.

 

4. Fortalecer la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales:

 

  • Se prohíbe requerir certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
  • Prevé la opción de transferir los periodos de descanso pre y post- natales.
  • Otorga para los casos de adopción, seis semanas de descanso.
  • Reduce hasta una hora la jornada de trabajo, durante el periodo de lactancia.
  • Prohíbe emplear a mujeres en periodo de gestación o lactancia, en declaratoria de contingencia sanitaria.
  • Se reconoce mayores derechos de los grupos vulnerables.
  • Castiga el acoso y hostigamiento laboral.

 

5. Modernizar la justicia laboral:

 

  • Se establece el servicio profesional de carrera en las juntas de conciliación y arbitraje y se agilizan los procedimientos. Se establece un procedimiento sumario para los conflictos individuales en materia de seguridad social.
  • De esta manera, se establecieron las bases que permitirán crecer con un mayor dinamismo para generar empleos en el país, al mismo tiempo que se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores.

 

 

 

 

 

De acuerdo con las últimas mediciones internacionales (PISA 2012), 55 por ciento de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel básico de habilidades matemáticas, mientras que el 41 por ciento no alcanza el de comprensión de lectura. Las carencias detectadas en PISA también son severas en el área de las ciencias. Además, la falta de espacios y tiempo destinados a las actividades deportivas y artísticas, así como al aprendizaje de idiomas y de tecnologías de la información y la comunicación, reduce las oportunidades de desarrollo de nuestros alumnos. A esto se suman la mala condición física en que se encuentra  un buen número de escuelas y las carencias alimentarias que padecen los estudiantes de las zonas más pobres del país.

 

El Ejecutivo Federal promulgó la Reforma Educativa consciente de que mejorar la calidad de la enseñanza requiere de una política educativa integral que ofrezca soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo. La reforma se propone poner a las escuelas en el centro del sistema educativo, para transformar la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general. El fortalecimiento de las escuelas es una condición necesaria para asegurar el aprendizaje de los alumnos e impulsar el desarrollo profesional de los maestros.

 

La Reforma Educativa se ha planteado tres objetivos:

 

  1. Responder al reclamo social de mejorar la calidad de la educación básica y media superior. Para ello se trabajará en la profesionalización de la función docente, el establecimiento de estándares mínimos de funcionamiento de las escuelas, el mejoramiento de los planes y programas de estudio, el fortalecimiento de los programas destinados a mejorar instalaciones, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la realización de evaluaciones periódicas de todos los componentes del sistema educativo.
  2. Reducir la desigualdad en el acceso a la educación reforzando los programas que brindan asistencia a las escuelas que se encuentran en zonas con altos niveles de marginación, así como a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
  3. Involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto en la transformación de la educación por medio de consejos de participación a nivel nacional, estatal, municipal y en los planteles educativos, así como con la realización de foros de consulta sobre la planeación del sistema educativo y las necesidades educativas regionales.

 

La Reforma Educativa es la vía para asegurar una educación obligatoria de calidad al alcance de todos los niños y jóvenes del país. La educación gratuita, laica e incluyente permitirá avanzar seriamente en el propósito de abatir el rezago y proporcionar a los alumnos una educación integral, para la convivencia armónica y el desarrollo personal y social, así como con las herramientas que les permitan competir en un mundo globalizado que hace uso del conocimiento y la tecnología.

 

Con la participación de autoridades, padres de familia, expertos en educación, toda la sociedad civil y, sobre todo, los maestros, lograremos que el aprovechamiento escolar se consolide como el medio para tener un mejor futuro en un nuevo México más justo y competitivo. Te invitamos a navegar por este portal para que conozcas a fondo la reforma.

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Es un ordenamiento legal de carácter adjetivo, que regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y del fuero común en todo el país. Contempla los principios generales del proceso y sus etapas, así como figuras novedosas auxiliares del proceso, como los mecanismos alternativos, las formas anticipadas de terminación del proceso, medidas cautelares y procedimientos especiales.

 

Antes de la expedición del CNPP existían 34 códigos procesales penales distintos, 32 locales, el federal y el militar. Esta diversidad de reglas procesales penales impedía que existiera un modelo unificado de justicia penal. Reglas procesales distintas para resolver un mismo hecho podían llevar a resultados contradictorios. En los hechos algunas entidades federativas establecían reglas dentro del proceso penal que llegaban a ser contradictorias con las reglas establecidas por un estado vecino e incluso con las previstas por la Federación.

 

En consecuencia, nuestro sistema de justicia requería  de un esfuerzo para transitar hacia un modelo compartido por las entidades federativas y la Federación que facilitara la coordinación entre autoridades, se incrementara la eficacia en las investigaciones en el ámbito federal y local, se brindara mayor certeza jurídica en las resoluciones de los jueces y tribunales  y por ende se evitara que la diversidad de reglas fuera un espacio para la impunidad.

 

 

A partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales se generó un modelo único de procedimiento penal que será aplicado en todo el país, subrayando además de que se trata de un código que incorpora en sus disposiciones el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral cuya implementación, de acuerdo con la Constitución, debe quedar completada a más tardar el 18 de junio de 2016. Contar con reglas únicas para todo el país permitirá avanzar en el proceso de homologación normativa, facilitará la capacitación y posibilitará la generación de esquemas de coordinación entre las autoridades encargadas de aplicar el nuevo sistema de justicia penal.

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Históricamente el juicio de amparo ha sido el instrumento de control de constitucionalidad más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En la actualidad, es uno de los medios con que cuentan los ciudadanos para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de toda autoridad del Estado. Al mismo tiempo, es el mecanismo más eficaz que éstos tienen para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público que lesionan o vulneran sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

 

El 2 de abril de 2013 se publicó el Decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución, y se realizaron modificaciones a diversas leyes secundarias.

 

Esta reforma fue hecha para ampliar la protección que el amparo proporciona a los derechos de los ciudadanos, con el propósito de hacer más expedita y eficaz la aplicación de la justicia; simplificar y modernizar los procesos legales, y para fortalecer al Poder Judicial de la Federación. En este sentido, la reforma a la Ley de Amparo tiene tres ejes principales:

 

Primero. Se amplía la esfera de protección de los derechos.

 

  • Los Derechos Humanos previstos en los tratados internacionales serán objeto de protección directa.
  • Se dota de efectos generales a las sentencias de inconstitucionalidad de una norma general emitidas por parte de la SCJN de forma reiterada, con lo que se tutelan los derechos de todas las personas aun cuando no hayan interpuesto el juicio de amparo.
  • Se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no necesariamente jurídico.
  • No se otorgarán suspensiones del acto reclamado que causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso.

 

Segundo. Se eleva la eficacia de la justicia mexicana.

 

  • La sentencia de todo “amparo para efectos” señalará con precisión los términos en que ésta deba cumplirse.
  • La presentación de la demanda de amparo podrá efectuarse en línea, mediante el uso de la Firma Electrónica.

 

Tercero. Se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

  • Se crean los “Plenos de Circuito”, a fin de que las contradicciones de tesis al interior de un mismo circuito sean resueltas a través de los plenos.
  • Para asegurar el debido cumplimiento de las sentencias de amparo, se robustece el esquema de sanciones.
  • Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para separar de su cargo y consignar ante el Juez de Distrito, tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico cuando incumplan una sentencia de amparo.

 

De esta manera, se contribuye a hacer del derecho a la justicia establecido en nuestra Constitución una realidad cotidiana para todos los mexicanos.

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Los mexicanos vivimos en una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal se ejerce con plena efectividad. No obstante, para transitar a una democracia de resultados era indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país y sus reglas e instituciones electorales.

 

Por ello, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de delitos electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 

La Reforma Política-Electoral modifica la relación entre poderes y entre éstos y los ciudadanos en dos grandes aspectos:

 

1. Se modernizan las instituciones del régimen político para fomentar un mayor equilibrio entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos y consolidar una democracia de resultados.

 

2. Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios, tanto a nivel nacional como local.

 

Lo anterior se logra a través de las siguientes modificaciones:

 

Modificaciones al régimen político

 

a. Se faculta al Presidente de la República para formar un gobierno de coalición con cualquiera de los partidos políticos representados en el Congreso. Esto reconoce la necesidad de crear mejores formas de colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo que faciliten los acuerdos necesarios para transformar al país.

 

b. Para fortalecer el equilibrio que existe entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo la reforma prevé que, en caso de optar por un gobierno de coalición, el Senado ratificará todos los secretarios de Estado, con la excepción de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina; cuando no se opte por un gobierno de coalición, el Senado ratificará al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda y Crédito Público.

 

c. Para fomentar la corresponsabilidad entre Poderes, la Cámara de Diputados ratificará el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado ratificará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

 

d.Los ciudadanos podrán reelegir a los diputados y senadores que resulten electos a partir del proceso electoral de 2018, hasta por cuatro periodos consecutivos para diputados y dos periodos consecutivos para los senadores; el máximo de años en cada uno de esos cargos será de 12 años. Esto permitirá una mayor rendición de cuentas y contribuirá a profesionalizar y mejorar la labor parlamentaria.

 

e. Se brinda autonomía constitucional a dos instituciones, por un lado, a la Fiscalía General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República y por el otro al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que deja de ser parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

f. Para hacer más eficiente la transición gubernamental, se adelanta al primero de octubre la fecha de inicio del encargo del Presidente de la República a partir de 2024.

 

Modificaciones a las reglas e instituciones electorales

 

a. Se crea el Instituto Nacional Electoral, que asume las funciones del Instituto Federal Electoral (IFE) y fortalece la autoridad electoral. El INE podrá organizar las elecciones en cualquier estado de la República cuando la situación así lo amerite, garantizando la calidad de los comicios en todo el país. Asimismo, contará con un nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, lo que abonará a la transparencia de las elecciones.

 

b. A fin de asegurar un resultado justo, ahora se anulará la elección si algún candidato rebasa los topes de campaña en un cinco por ciento o más del monto total autorizado, compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión o reciba dinero de fuentes ilícitas.

 

c. Se fomenta de forma decidida la participación ciudadana al:

 

i. Procurar la equidad de género en las contiendas electorales, al obligar a los partidos a otorgar a las mujeres el 50 por ciento de sus candidaturas a legisladores;

 

ii. Fortalecer las candidaturas independientes, al garantizar que los ciudadanos postulados a un cargo de elección popular por esta vía obtendrán recursos públicos y tiempo en radio y televisión;

 

iii. Facilitar el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero;

 

iv. Garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir representantes ante los ayuntamientos y para el ejercicio de sus formas de gobierno interno.

 

Con la Reforma Política-Electoral se modernizan nuestras reglas e instituciones electorales para homologar la calidad de la democracia a lo largo de todo el territorio nacional. Además, se fortalece la capacidad del Estado para alcanzar acuerdos sobre las decisiones más relevantes, consolidando así una democracia de resultados en beneficio de los mexicanos.

Para saber más sobre esta reforma, haga clic sobre los siguiente enlaces:

 

 

 

 

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