Antecedentes 1848-1928
Desde el punto de vista normativo:
- Ley del servicio exterior mexicano, 1829.
- Ley sobre el establecimiento de consulados, 1834.
- Disposiciones del tratado Guadalupe Hidalgo, 1848
Desde el punto de vista histórico:
- Población de origen mexicano que permaneció en California después de 1948.
- Población de origen mexicano que se repatrió entre 1848 y 1880s.
- Primeras migraciones de trabajadores al suroeste y Texas para emplearse en la agricultura, las minas y el ferrocarril, 1870s.
La protección consular mexicana y la política migratoria en Estados Unidos.
En 1882, el Congreso estadounidense dicta restricciones a la inmigración china. A raíz de lo cual aumenta la inmigración de trabajadores agrícolas mexicanos que toman el lugar de los chinos. En los años siguientes, los cónsules mexicanos en el suroeste y Texas alertan sobre el maltrato y los abusos de que son víctimas los trabajadores mexicanos. La prensa hispana se hace eco de la inquietud y denuncia las condiciones de inequidad en que trabajan nuestros connacionales.
La política de apertura de consulados empieza a cambiar de énfasis, de la representación en plazas caracterizadas por su comercio se pasa a la necesidad de abrir oficinas donde se detectan crecientes núcleos mexicanos, (por ejemplo, Los Angeles).
En 1891, se introduce la primera legislación que impone restricciones a la migración de México y Canadá.
En México en cambio, se dictan las Leyes del cuerpo diplomático de 1888 y orgánica del cuerpo diplomático mexicano de 1896, que señalan expresamente la obligación de auxiliar y proteger a los mexicanos en el exterior.
Entre 1905 y 1910 se localizan concentraciones de mexicanos en Kansas y Chicago. Durante la Revolución y la Primera Guerra Mundial aumenta la corriente migratoria, al tiempo que se diversifica desde el punto de vista del origen de los migrantes.
La Ley de inmigración de 1917, restringe la inmigración legal de trabajadores mexicanos. Sin embargo, la demanda de los productores del suroeste obligó al Departamento de Inmigración a facilitar la entrada de jornaleros. Se instrumentó un primer programa de contratación de trabajadores, que empleó a más de 80 mil mexicanos.
En 1924, el aumento acumulado de la inmigración indocumentada, que superaba con mucho las cuotas legales, motivó la aprobación de una nueva ley de inmigración, que autorizaba la creación de un cuerpo policiaco abocado a la vigilancia de las fronteras: la Patrulla Fronteriza.
Entre 1925 y 1928, el número de aprehensiones de indocumentados aumentó siete veces, hasta cerca de 30 mil en 1929. Este año se declaró la entrada ilegal a EUA, un delito menor penalizado con prisión no mayor a un año.
Las actividades de la Cancillería en la materia se especializan y los consulados despliegan ya una labor muy intensa en términos de asistencia y protección.
La protección empieza a sistematizarse 1929-1979
En el año 1930, el censo estadounidense reporta: 1.4 millones de habitantes de origen mexicano, de los que 38% ya había nacido en EUA de padres mexicanos. por lo tanto unos 860 mil eran ciudadanos mexicanos.
No obstante que durante el primer quinquenio de los años 30s. se observó una disminución en la inmigración mexicana a ese país, los casos de protección debidos a repatriaciones, indigencias, recuperación de salarios e indemnizaciones crecieron rápidamente. Dicho incremento hizo necesario que se desarrollaran estrategias más integrales para la atención de los casos. Se sistematizaron las giras y visitas en la circunscripción para tener un conocimiento de primera mano sobre las condiciones de vida en los lugares apartados y los centros de trabajo. Se reglamentaron los informes de protección, instituyendo los apéndices estadísticos para reportar casos y gestiones, por tipo de caso y consulado. Lo que por primera vez permitió a SRE contar con una evaluación del tipo de problemática y las cargas de trabajo.
Cabe destacar la valiosa participación de las comunidades mexicanas radicadas en EUA que, en especial entre 1929 y 1933, acudieron en apoyo de los connacionales y los consulados. Las asociaciones comunitarias ayudaron a suplir la carencia de recursos económicos para repatriar a los mexicanos que lo requerían. En este período se crearon comités de auxilio, como el de la Beneficencia Mexicana de Los Angeles, o los diferentes capítulos de la Cruz Azul mexicana.
Para fortalecer los esfuerzos desarrollados por los consulados, en 1931-1932 se crearon los puestos de Consejero Jurídico en la Embajada en Washington, encargado de dictar las normas que debían cumplir los consulados en materia de protección en EUA, y el de Abogado del Departamento Consular, encargado de dictaminar los casos turnados por los consulados. El año siguiente, 1932, se estableció el cargo de Visitador General de Consulados.
En 1933 se crea el INS y en 1940 queda bajo la supervisión del Departamento de Justicia.
A finales de los 30s., en algunos estados, se detectan casos de discriminación en escuelas públicas y a principios de los 40 en otros lugares públicos. al final de esta década se consideraba en México que la mano de obra mexicana era un factor fundamental en el desarrollo y el crecimiento económico de los Estados Unidos y que el trato que normalmente se daba a los trabajadores mexicanos era injusto.
En 1942, se firmó una Convención Consular con EUA que definía las funciones relativas a la protección y asistencia consular. Es el marco jurídico que regula las relaciones bilaterales en la materia.
La demanda de mano de obra obligó al gobierno estadounidense a negociar convenios de trabajadores migratorios. Estos acuerdos, genéricamente denominados Braceros, tuvieron vigencia de 1942 hasta 1964.
Los convenios causaron numerosas diferencias entre ambos gobiernos, especialmente por el incumplimiento de los empleadores de las condiciones generales de trabajo. Además, los mecanismos burocráticos de contratación desalentaron a numerosos patrones, que prefirieron contratar a indocumentados. En las diferentes etapas del convenio, el número de indocumentados superó en varias veces al de los braceros.
En 1948 se creó la categoría de Agentes Consulares, una especie de personal auxiliar nombrado por los cónsules con aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para coadyuvar con las labores de protección. Sus funciones eran auxiliares a los cónsules en los lugares que no contaban con oficina consular, en la realización de buenos oficios en casos de protección, así como en la atención de asuntos comerciales y administrativos.
Según el INS, entre 1950-51, el volumen de deportaciones creció tanto que fue necesario introducir un procedimiento administrativo nuevo, que permitiera la expulsión expedita de indocumentados. Con la "salida voluntaria", se tramitaron decenas de miles de expulsiones.
Durante la tercera etapa de los acuerdos de braceros se llevó a cabo la Operación Espalda Mojada que permitió arrestar hasta dos mil indocumentados diariamente y sumar un total de casi un millón de detenciones de mexicanos en 1954.
A mediados de 1956, también con el objeto de ampliar los servicios consulares, se nombraron Inspectores Consulares, para las zonas de empleo de los trabajadores migratorios, a fin de supervisar sus condiciones de vida.
Los agentes y los inspectores pueden considerarse antecedentes de los cancilleres de protección que se nombraron en los 80s.
En 1965 se enmendó la ley de inmigración estadounidense, sustituyendo el sistema de cuotas por el sistema de prioridades, bajo el cual se privilegió la reunificación familiar y a los trabajadores con habilidades especiales.
En febrero de 1968, se celebró una primera reunión bilateral informal para examinar medidas que detuvieran la migración indocumentada. Como resultado de estas consultas, que se repitieron periódicamente, en 1972, el Gobierno de México formó una Comisión Intersecretarial para el Estudio de los Problemas Derivados de la Corriente Migratoria a los EU. Misma que trabajó de manera coordinada con el grupo de estudio paralelo establecido por el gobierno estadounidense.
Como resultado de sus deliberaciones, la comisión acordó mejorar las condiciones de vida en la zonas expulsoras de mano de obra; informar sobre los riesgos de la migración indocumentada; ampliar los alcances de las campañas contra polleros y enganchadores; así como fortalecer las tareas de protección de los consulados. Al efecto, la SRE comisionó personal en los centros de detención migratoria. El servicio se prestaba 24 horas al día y permitió atender a un gran número de connacionales que de otro modo hubieran sido expulsados en estado de indefensión.
Por otra parte, el mismo año EUA retomó un programa de deportaciones al interior que se prolongó hasta mediados de los años 70s. Asimismo, instaló sistemas de alarmas electrónicas en la frontera, estableció vuelos de reconocimiento en la franja fronteriza, lo que dio como resultado un sensible aumento en las detenciones.
El programa de deportaciones se interrumpió a raíz de una serie de reacciones en la opinión pública que denunciaron irregularidades en el proceso de expulsión y recepción, por parte de autoridades de ambos países.
Modernización de la Protección, 1980
En 1980, se creó la Dirección General de Protección que permitió dedicar esfuerzos extraordinarios y especializados a estas tareas, introduciendo un enfoque político integral y mejorando los sistemas de atención, seguimiento y solución de la problemática.
A partir de 1981, los consulados elaboran un programa anual de protección, que permite definir un plan de acciones, calendarizar visitas y racionalizar tiempo y recursos.
La SRE creó la categoría de cancilleres de protección, que fueron adscritos a los cuarenta consulados en EUA, para dedicarse de modo exclusivo y especializado a la protección. Asimismo se aprobó un presupuesto superior a los 4.3 millones de dólares así como fondos extraordinarios a algunos consulados para la adquisición de vehículos destinados a visitas y giras de protección. Para 1983 todos los consulados en EUA contaban con al menos un canciller de protección y buena parte de ellos habían creado un departamento o sección de protección.
La Dirección General de Protección uniformó los criterios para los informes, elaboró monografías sobre las características de las circunscripciones, hizo más eficiente y seguro el manejo de valores. Los resultados se reflejaron en una infraestructura humana y material que permitió atender, primero, miles de casos, después decenas de miles de casos. Recuperar más de un millón de dólares en valores (indemnizaciones, salarios, pensiones, etc.) y multiplicar la capacidad de atender a la comunidad mexicana en EUA.
En 1984 la SRE organizó una reunión de embajadores y cónsules generales en América del Norte, en la que se estudió de forma integral y conjunta la problemática de la protección.
En 1985, por necesidades presupuéstales, la Dirección General de Protección fue absorbida por la Dirección General de Servicios Consulares para formar la Dirección General de Protección y Servicios Consulares. Entonces, el énfasis se puso en acciones preventivas. La rama consular se consolidó como una función de amplio contenido político al vincularse la política de protección con el conjunto del fenómeno migratorio mexicano a Estados Unidos.
En este año se empezaron ha establecer convenios con universidades estadounidenses para que funcionarios de carrera estudiaran maestrías en derecho estadounidense, lo que permitiría contar con un equipo de expertos que pudieran asesorar más eficazmente el planteamiento de casos judiciales que requieren un profundo conocimiento del derecho de EUA.
El programa continúa a la fecha y sus resultados son invaluables para la SRE y los propios connacionales que se benefician del Programa de Defensoría Legal de Mexicanos en EUA.
En 1986 el Congreso estadounidense aprobó la enmienda Simpson-Rodino, que regularizó a miles de trabajadores indocumentados. A fin de estar en mejores condiciones de asesorar a los mexicanos que radicaban en ese país se intensificaron las consultas entre ambos gobiernos, dando inicio a un proceso de diálogo que fue creciendo en intensidad.
En los años 90, los esfuerzos se enfocaron a la protección preventiva, a mejorar los sistemas de comunicación e instrumentar sistemas de computo para registro de matrículas, pasaportes y ahora casos de protección. Se promovieron acciones coordinadas con las comunidades mexicanas, se actualizó y capacitó permanentemente a los funcionarios del Servicio Exterior, se profundizó en la dimensión política de fenómeno migratorio y se ampliaron los mecanismos de cooperación bilateral en la materia.
Desde principios de los 90 se empezó a generalizar una tendencia iniciada en California hacia una política migratoria más restrictiva. Esto llevó a una nueva reforma a la legislación migratoria para combatir la migración indocumentada. Esta situación ocurre cuando el diálogo bilateral crecía en intensidad, lo que permitió que ambos gobiernos se comprometieran a abordar el tema migratorio desde una perspectiva más amplia.
Para ello, coincidieron en la necesidad de desarrollar un Estudio Binacional sobre Migración. El estudio se inició en 1994 y se concluyó en 1997. Sirvió para dar definición al entendimiento de la realidad de la migración entre los dos país. Concurrentemente, se acordaron mecanismos para la atención a los migrantes tales como los arreglos locales en la frontera para las repatriaciones seguras y ordenadas, mecanismos de revisión de los casos en los que obran acusaciones por violaciones de derechos humanos, esquemas para combatir el tráfico de migrantes y foros de consulta permanente en el nivel operativo entre funcionarios de ambos países.
En el año 2001, en un acto si precedentes, el diálogo bilateral en materia migratoria se elevó al nivel presidencial. Se acordó iniciar un proceso de negociación sobre la migración bilateral encabezado por dos miembros del gabinete de cada país.