Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales
La Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual México es Estado Parte, fue aprobada por el Gobierno mexicano el 22 de abril de 1999, y fue ratificada por el Senado de la República el 27 de mayo de 1999.
Los objetivos de la Convención Anticohecho son:
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Eliminar la competencia desleal generada por las gratificaciones extraoficiales.
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Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos a oficiales extranjeros, con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios.
En 1994 fue establecido el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, responsable de asegurar que los países cumplan de forma sistemática la Convención y las recomendaciones que sean adoptadas, mediante un proceso de seguimiento y supervisión.
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El culpable puede ser perseguido en cualquier país miembro de la Convención, independientemente del lugar donde fue cometido el acto de cohecho.
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En el caso de personas, las sanciones incluyen la privación de la libertad. El delito de cohecho puede ser motivo de extradición.
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El dinero o el bien utilizado para cometer el cohecho, o el beneficio obtenido por ofrecerlo pueden ser embargados o decomisados o se pueden imponer sanciones monetarias comparables.
En este contexto, el 18 de mayo de 1999, el Código Penal Federal en México fue modificado, en seguimiento de una recomendación reciente del GTC y a fin de reforzar las medidas de prevención de la corrupción por parte de empresas mexicanas en el exterior, precisando que independientemente de la legislación del país en donde se ubica la empresa, el artículo 222bis del Código Penal Federal tipifica como delito el cohecho a servidores públicos extranjeros, el cuál será perseguido por las autoridades mexicanas aún cuando el mismo sea cometido en el extranjero, de conformidad con el artículo 4 del referido Código Penal Federal vigente.
Para México la Convención es consistente con el interés del país por atraer inversión y para asegurar que las posibilidades de generar negocios para las empresas mexicanas, estén respaldadas por el compromiso internacional por la transparencia y combate a la corrupción, en los sectores públicos y privados.